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Escrito por: Angélica Monroy

enero 29, 2018

El pasado 19 de enero de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una tesis aislada derivada del amparo en revisión número 641/2017, señalando de manera textual lo siguiente: “El derecho humano referido no se agota con el simple mandato de que las autoridades estatales se abstengan de afectar indebidamente el ambiente —deber de “respetar”—, sino que conlleva la diversa obligación de tomar todas las medidas positivas tendientes a protegerlo contra los actos de agentes no estatales que lo pongan en peligro —deber de “proteger”.

Sin embargo, como habitantes de la Ciudad de México y entidades circunvecinas que conforman la Megalópolis, estamos acostumbrados a escuchar de manera rutinaria, a través de los medios de comunicación, que la calidad del aire es mala, cuyo efecto es dañino a la salud en grupos sensibles (niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares), siendo noticia cuando se observan a lo lejos los edificios, en razón de que, por desgracia, estamos acostumbrados a tener mala calidad del aire y que las autoridades ambientales no se preocupan por respetar el derecho humano a un medio ambiente sano.

Ahora bien, podremos preguntarnos: ¿qué podemos hacer como gobernados ante la omisión de las autoridades ambientales por proteger el derecho humano a un medio ambiente sano?

Con la finalidad de que sea respetado y protegido nuestro derecho a disfrutar de un medio ambiente sano, sería pertinente que, de manera colectiva, los gobernados promovieran juicios de amparo indirectos, los cuales se interponen ante los juzgados de distrito en materia administrativa; en este caso, en la Ciudad de México, con la finalidad de que, por los medios legales, se dicten sentencias en las que se conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión, en donde el juez obligue a actuar a las autoridades ambientales con la finalidad de que éstas cumplan con sus obligaciones y el respeto a un derecho humano, como lo es disfrutar de un medio ambiente sano, aplicando las normas ambientales a aquellos infractores, sean autoridades o particulares.

Disfrutar de un medio ambiente sano implica que las autoridades cumplan con sus facultades y, además, la participación activa de los gobernados. La conservación de la especie humana y de los diversos ecosistemas de nuestro planeta dependerá de las actuaciones colectivas: por un lado, el Estado implementará políticas públicas que prevengan y, en su caso, mitiguen la degradación ambiental, y por otro, la participación de la sociedad al cumplir con normas esenciales para tener una mejor convivencia y un mejor planeta.

Autor: Mtro. Edgar Jonathan Ramírez Tena, director académico de la Licenciatura en Derecho