Autor UIC

Escrito por: Escuela de Derecho
División de Ciencias Sociales
marzo 25, 2021

Uno de los principales retos que tienen los estados democráticos y constitucionales de Derecho consiste en evitar el divorcio entre el derecho y la justicia. Una sociedad en la cual se consideren injustas las leyes (ya sea por ser demasiado laxas o demasiado severas), aun cuando éstas hayan atravesado todos los canales y vías democráticas, muy pronto encontrará dificultades para mantenerse y se alejará del imperio de la ley, aproximándose a la isla de la anarquía.

Hablar de cultura de la legalidad nos conduce a la pregunta sobre la percepción que tienen las personas sobre el sistema jurídico en el cual se encuentran inmersas: la manera en cómo representamos la ley se traduce en la forma en la cual nos identificamos como miembros de una sociedad.

A mi parecer, las dos grandes esferas sobre las que se ubica el debate en torno de la cultura de la legalidad son:

  • El papel de la autoridad
  • La participación ciudadana

El primer caso nos lleva a considerar a las autoridades como las responsables directas de que la norma sea cumplida. En este sentido, teniendo como base los estados democráticos de Derecho, los ciudadanos mediante el sufragio o voto eligen a quienes los representarán y tomarán decisiones políticas y jurídicas vinculantes, es decir, a sus gobernantes.

En tanto son elegidos a partir del voto popular, los gobernantes adquieren obligaciones y responsabilidades sobre sus conductas, teniendo que rendir cuentas a sus electores; esta situación muchas veces se traduce en la constante demanda de la ciudadanía de exigir a las autoridades que vigilen el cumplimiento de la ley, achacando a las mismas cualquier desperfecto o crisis a la falta de actuación del gobierno.

La situación se agrava en un espacio político en el cual los primeros en transgredir las normas muchas veces son las propias autoridades, lo cual conduce al desencanto popular con la clase gobernante y el posterior desistimiento de la ciudadanía a cumplir con las normas y las obligaciones que también les son inherentes; por ejemplo, la tributación (agua, predial, tenencia, entre otras).

Sin embargo, ésta no sería la única razón por la cual las personas incumplen o no se sujetan al imperio de la ley. Existen otras que Gerardo Laveaga expuso en su artículo “Cinco razones por las que no se obedece la ley en México”, siendo las siguientes:

  • Ambigüedad de las normas
  • La profusión, es decir, la multiplicidad de leyes que existen en el país genera espacios propicios para la corrupción y la impunidad (atendiendo a Tácito plurismae leges corruptisima republica )
  • Complejidad de las normas
  • La inequidad para acceder a la justicia
  • La oscuridad o falta de transparencia y publicidad en el actuar de las autoridades

Ante un panorama como el que ha sido expuesto, podríamos sostener que las condiciones actuales impiden la consolidación de una cultura de la legalidad; sin embargo, sería una aseveración apresurada o errónea.

Si bien existen muchas áreas sobre las que se debe trabajar en el marco de la responsabilidad institucional, también lo es que, como ciudadanos tenemos un papel determinante en el mantenimiento o transformación del estado de cosas que se presenta, lo cual nos conduce al segundo punto: la participación política.

Si pensamos la ley en los términos que planteó Ortega y Gasset cuando afirmaba que “lo que una ley tiene de ley no es su contenido, sino su carácter imperativo. La ley es una orden, un mandato en sentido pleno que incluye indefectiblemente la amenaza de un castigo…” entonces estaríamos pensando, nuevamente, que la solución se encuentra sólo en los gobernantes y no en nosotros y nosotras.

La cultura de la legalidad sólo es posible en la medida en que identificamos a nuestro conciudadano como un sujeto de derechos al igual que nosotros, que tiene la facultad de poder formar parte de la vida política a partir de sus decisiones y que, en el ámbito político, se traducirá en el momento de efectuar su voto. Precisamente en este punto radica la importancia de la participación política: en la medida en que formemos parte de las decisiones públicas, podemos entrar en comunicación y contacto con el otro, dando posibilidad de promover la cultura de la legalidad.

Esto es posible dado que involucrarnos en la toma de decisiones colectivas y vinculantes no sólo nos hace partícipes de los procesos democráticos; nos compromete a tomar una elección razonada y generar nuestras propias leyes, que ya no vendrían desde una instancia superior (la autoridad) sino desde nosotros mismos. Ser parte de la generación de leyes y políticas públicas facilita su cumplimiento y evita delegar toda responsabilidad a los gobernantes.

Siendo así, para promover y posteriormente consolidar una cultura de la legalidad, se requiere de ciudadanas y ciudadanos abiertos al aprendizaje y, principalmente, al diálogo constante y continuo para formar sociedad democráticas, libres y basadas en el respeto mutuo.

Redacción: maestro Manuel Jorge Carreón Perea.

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* Las opiniones vertidas en las notas son responsabilidad de los autores y no reflejan una postura institucional