De las reformas constitucionales surgió el procedimiento penal acusatorio; específicamente, de la establecida en el artículo 19, mediante la cual se crean las medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva.

¿Qué es la prisión preventiva?

La prisión preventiva es una medida cautelar cuyo objetivo es “privar temporalmente de la libertad de la persona acusada con el fin de asegurar la integridad de víctimas o testigos, así como garantizar el desarrollo de la investigación del proceso penal” (Durán, 2022).

Ésta se indica en el artículo constitucional antes referido, señalando un catálogo de delitos bajo los cuales el juez deberá ordenar, de manera oficiosa, lo anterior, aunado al contenido del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Una medida cautelar

La oficiosidad de esta medida cautelar genera que sólo basta con que el agente del Ministerio Público solicite dicha medida, sin existir otro argumento que convalide la necesidad de esa medida cautelar y no otra.

Sin embargo, el Tribunal Colegiado en materia penal del décimo circuito en la Jurisprudencia con número de registro digital 2027539 determinó que la imposición de dicha medida cautelar, en su carácter de oficiosa, resulta inconvencional.

Esto porque vulnera los artículos 7, numerales 3 y 5, 8, numeral 2 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectando los derechos de libertad y su control judicial, presunción de inocencia y el principio de igualdad y no discriminación, al introducir un trato diferente entre las personas imputadas por determinados delitos (Semanario Judicial de la Federación [SJF], 2023).

Lo anterior ha llevado a diversos juzgadores (desafortunadamente, aún no son la mayoría) a solicitar al agente del Ministerio Público que funde y motive su petición de dicha medida cautelar, y han impuesto medidas eficaces para que los imputados puedan gozar de su libertad durante el procedimiento penal.

Herramientas para un mecanismo efectivo

Espero con ansias que nuestros legisladores revisen, de manera exhaustiva, nuestra Constitución Política y Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de crear un mecanismo efectivo, por medio del cual, nuestros juzgadores tengan herramientas para que las medidas cautelares logren el objetivo del procedimiento penal.

Es decir, que contribuyan a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

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Para saber más

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Semanario Judicial de la Federación.

Durán, Raúl (2022). ¿Qué es la prisión preventiva y cuánto dura en México? Debate. México.