La educación es una praxis humana. Esto significa que el hombre educa, consciente y deliberadamente, con una intencionalidad. Es mediante la política y las políticas educativas como en México, y en cualquier país del mundo, se articulan los intereses de la sociedad, de la clase en el poder o según criterios que trascienden las fronteras políticas nacionales e institucionales, para dar cauce a los intereses de formación de los ciudadanos.

Los criterios de la política y las políticas públicas en educación trascienden los espacios meramente académicos y de investigación. Se debe reconocer que la educación está delimitada por diversos factores que le dan una determinada orientación, desde el aula hasta el trabajo del político o funcionario del Estado que establece las directrices de lo que habrá de transmitirse en las escuelas, o de lo que debe entenderse en la acción didáctica por enseñanza y por aprendizaje.

El eje trasversal de política pública que permite analizar la continuidad del esfuerzo por remontar el analfabetismo, ampliar la cobertura o mejorar la calidad educativa se encuentra en lo que Barraza y Barraza (2016) mencionan: la educación entendida como “un espacio en cuyo diseño, implementación, ejecución y evaluación deben intervenir no sólo los sectores gubernamentales, sino también los sectores sociales y en un grado relevante el sector privado. No resulta sencillo equilibrar los intereses de todos ellos en cuanto a la política educativa se refiere” (2016, p. viii).

Ahora bien, si entendemos por “políticas públicas” a la forma en cómo un determinado régimen político responde a las necesidades –reales o creadas– de los actores sociales y políticos, las “políticas educativas” en México se han articulado, entonces, según la visión y los intereses de los gobiernos en turno. De acuerdo con Martínez Rizo (2001), se habla de “políticas educativas socialistas” (de las décadas de los 30 y 40 del siglo XX); “políticas educativas de la unidad nacional” (segunda parte de los 40); “políticas derivadas de la modernización educativa” (80s y 90s) y “políticas educativas neoliberales” (de los últimos 30 años).

La categorización enunciada por Martínez Rizo es ilustrativa más que limitativa; en razón de lo cual podemos inferir que en el momento actual hay una disociación entre el discurso político y las acciones políticas: se dice que es un momento de cambio, de transformación –la cuarta de nuestra historia reciente–; pero el entramado político, económico y social de fondo sigue siendo el mismo de los últimos 30 o 40 años. Esta disociación se mostró con mayor crudeza en la virulencia discursiva de una funcionaria del actual régimen político, que comparó los posgrados ofrecidos por instituciones privadas con comida chatarra. Estas palabras serían una mera ocurrencia, algo anecdótico e insustancial, si no fuera por dos razones importantes: la primera es que dichas expresiones muestran un cierto nivel de desconocimiento de la funcionaria pública, en el sentido de que el origen del financiamiento de una institución de educación superior, pública o privada, no determina la calidad académica de los programas ni de sus egresados. Los estándares de calidad académica de una institución educativa incluyen sus recursos humanos, financieros, administrativos, filosóficos, axiológicos, pedagógicos, entre otros. Se puede concluir que la crítica partió de una visión limitada ideológicamente más que del análisis serio de la realidad educativa de las instituciones privadas del país.

Por otra parte, igualmente punible, es el hecho de que dichas declaraciones provienen de quien encabeza el órgano del Estado encargado de “definir estrategias, articular y coordinar las capacidades nacionales en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación del país, impulsando de manera prioritaria la ciencia de frontera y la investigación que incida en la búsqueda de soluciones a los grandes retos de México, con el objetivo de fortalecer la soberanía científica e independencia tecnológica de México, bajo los principios del humanismo, la equidad social y el cuidado ambiental” (tomado de la página web del Conacyt).

Las instituciones de educación superior de carácter privado forman parte de esas “capacidades nacionales en investigación científica” que el Conacyt tiene la responsabilidad de coordinar. Las palabras de su titular están lejos de evidenciar un esfuerzo profundo y radical para que el régimen actual asuma plenamente el ideal del Artículo Tercero Constitucional: “El Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”. Ha sido, justamente, la limitación gubernamental para atender las demandas sociales lo que llevó en el pasado a la sociedad civil organizada, a través de fundaciones, asociaciones, colectivos y otras figuras, a atender temas como la educación, la salud, la atención de grupos vulnerables, entre otros.

Desde sus principios rectores, la Universidad Intercontinental ratifica su compromiso con la sociedad a través de su orientación social; formando líderes sociales con alto nivel académico, y con principios valorativos humanistas que se nutren de su inspiración cristiana.

Referencias

Barraza I. y Barraza L. (2016). Políticas públicas en educación. Su implementación. México: Universidad Autónoma de Durango.

Martínez Rizo, F. (2001). “Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001”. Revista Iberoamericana de Educación, septiembre-diciembre, número 027, Madrid, España: Organización de Estados Iberoamericanos, pp. 35-56. En: https://www.redalyc.org/pdf/800/80002703.pdf

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