Reforma a la Ley de Amparo, un retroceso en la protección de los derechos humanos

Autor UIC

Escrito por: Sergio Salgado

Licenciatura en Derecho

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El juicio de amparo es uno de los pilares del control constitucional en México y representa la herramienta más directa con la que los ciudadanos pueden defender sus derechos frente a los abusos del poder.

La Ley de Amparo reglamentaria de esta garantía tiene una naturaleza constitucional porque protege bienes jurídicos fundamentales como la libertad, el patrimonio, la seguridad, la integridad, la salud y la vida. Por ello, cualquier reforma a la Ley de Amparo debe analizarse con especial cuidado.

En un Estado Constitucional, las modificaciones legales deben ser progresivas y fortalecer la protección de los derechos humanos. Sin embargo, las recientes reformas publicadas el 16 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación suponen un retroceso importante.

Estas transformaciones se perciben como involutivas, ya que limitan el acceso a la justicia y debilitan el alcance de las sentencias de amparo, erosionando la esencia del Estado de Derecho en México.

Impacto de la reforma a la Ley de Amparo en los derechos humanos

La reforma a la Ley de Amparo de 2025 marca un cambio negativo en el sistema de protección de los derechos humanos. En primer lugar, se eliminó la medida cautelar de suspensión con efectos generales, bajo el argumento de proteger la separación de poderes y el principio de relatividad de las sentencias.

Sin embargo, dicha modificación debilita la defensa colectiva de derechos, pues restringe la protección sólo a quienes promueven el juicio, dejando fuera a sectores que antes se beneficiaban de manera indirecta.

Esto afecta los derechos vinculados con el medio ambiente, la salud pública, la libre competencia y los derechos de los consumidores. Antes de la reforma, una sola demanda podía proteger a comunidades enteras; ahora, se fragmenta la defensa, lo que genera litigios masivos, aislados y menos eficaces. En consecuencia, las personas quedarán sin acceso a la justicia y las leyes inconstitucionales surtirán efecto sin control.

El interés legítimo y el cierre del acceso a la justicia

Otro de los puntos más preocupantes de la reforma a la Ley de Amparo es la redefinición del concepto “interés legítimo”. Ahora se exige acreditar una lesión jurídica real, individual o colectiva, que produzca un beneficio cierto, no hipotético. Este requisito limita el acceso al juicio de amparo para comunidades u organizaciones que defienden causas de interés público, como los derechos ambientales, sociales o culturales.

En la práctica, esta redefinición vacía de contenido una figura clave incorporada en la Constitución desde 2011, cuyo objetivo era ampliar la justiciabilidad de las afectaciones indirectas. Al equiparar el interés legítimo con el interés jurídico, la reforma cierra la puerta a la defensa colectiva y a los litigios estratégicos que fortalecían la democracia participativa.

Consecuencias de debilitar el Estado de Derecho

La reforma a la Ley de Amparo también introduce disposiciones que podrían hacer ineficaces las sentencias judiciales. Se otorga a los jueces la facultad de decidir si las resoluciones que los condenan son o no exigibles. Este cambio amenaza con institucionalizar la discrecionalidad y el desacato, lo que socava la fuerza vinculante de las ejecutorias de amparo.

Dichas modificaciones representan un retroceso jurídico que debilita la posición de los ciudadanos frente al poder público. Lejos de consolidar un Estado de Derecho sólido, la reforma erosiona los mecanismos de defensa ciudadana construidos a lo largo de décadas y pone en riesgo los avances logrados desde la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.

La defensa del amparo como compromiso académico

La reforma a la Ley de Amparo no sólo tiene implicaciones jurídicas, sino también éticas y sociales. Su análisis es fundamental en la formación de futuros profesionales del Derecho comprometidos con la justicia y la democracia.

En la Universidad Intercontinental la Licenciatura en Derecho fomenta una visión crítica y humanista del sistema jurídico, formando abogados capaces de defender los derechos fundamentales y de contribuir a la consolidación de un verdadero Estado de Derecho.

Para saber más

Licenciatura en Traducción, Localización e Interpretación

Karemm Danel (2025). ¿Conoces las ramas del Derecho?, Bitácora UIC, México: UIC.

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