Las elecciones judiciales en México del 1 de junio de 2025 representaron un experimento democrático sin precedentes; sin embargo, también generaron una ola de incertidumbre.
Elecciones judiciales en México, baja participación y dudas sobre su legitimidad
El 1 de junio de 2025, México vivió un hecho histórico: por primera vez se llevaron a cabo elecciones judiciales para elegir directamente a jueces, magistrados y ministros, tanto del ámbito federal, como del estatal.
Esta medida fue parte de la Reforma Judicial de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de combatir la corrupción y devolverle al pueblo el poder de decidir quién imparte justicia.
Aunque el modelo no tiene precedentes en México, la elección popular de jueces existe en otros países. En Estados Unidos algunos estados eligen a sus jueces mediante procesos partidistas o no partidistas.
Bolivia también implementó este sistema desde 2011, aunque se le ha criticado por comprometer la independencia judicial al permitir que los candidatos respondan a intereses del partido en el poder.
Lo que se votó y cómo fue la jornada
Se sometieron a elección más de dos mil 600 cargos, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito. A pesar de la magnitud del evento, la participación ciudadana fue baja, sólo un 13 por ciento (%) del padrón acudió a votar.
La jornada se vio marcada por la desinformación. Muchos ciudadanos desconocían a los candidatos y sus trayectorias. En algunos casos, hubo confusión sobre cómo llenar las boletas. Se anuló el 23% de los votos, ya sea por errores formales o como manifestación de protesta política. Hubo boletas con mensajes, símbolos y tachaduras intencionales.
Un caso notable fue la sección 4024 de Tlalpan, Ciudad de México: de un mil 200 electores registrados, participaron 172. Esta baja participación evidencia la distancia entre la intención democratizadora y la preparación efectiva del proceso.
Reacciones divididas en las elecciones
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección como un “éxito democrático”, al comparar el 13% de participación con el 6% que se obtuvo en la consulta popular de juicio a expresidentes en 2021. Desde su perspectiva, fue un avance hacia la justicia social y una manera de empoderar al pueblo.
El expresidente López Obrador reafirmó su apoyo, señalando que la reforma elimina los privilegios del sistema judicial tradicional, permitiendo que los ciudadanos decidan sobre el rumbo de la justicia.
En contraste, diversas voces expresaron preocupación. El exministro José Ramón Cossío calificó el proceso como “uno de los peores ejercicios electorales de nuestra historia”, argumentando que muchos candidatos carecen de la preparación técnica adecuada.
La politóloga Denise Dresser fue aún más tajante. Anuló su voto escribiendo la palabra “FARSA” en la boleta y lo compartió en redes sociales con el siguiente mensaje:
“Hoy anulé mi voto. Porque la elección judicial no es democrática ni auténtica. Porque no fortalece la justicia ni la independencia judicial. Porque representa el control del gobierno sobre el Poder Judicial.”
¿Democratización o riesgo institucional?
Las elecciones judiciales en México de 2025 abren un debate sobre el rumbo del sistema judicial. Si bien representan una apuesta por la democratización de un poder históricamente cerrado, también plantean riesgos en cuanto a la profesionalización, imparcialidad y calidad de la justicia.
Desde sectores académicos y jurídicos se insiste en que no basta con abrir las urnas; se necesitan mecanismos claros de evaluación, transparencia y formación continua para quienes aspiran a estos cargos. La desinformación, el voto nulo y la baja participación reflejan una sociedad poco preparada para ejercer este tipo de voto.
México se enfrenta a una transformación estructural. Evaluar los efectos de este modelo en la independencia judicial, la confianza ciudadana y el acceso a la justicia será imprescindible para determinar si dicho experimento fortalece o debilita la democracia.
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