La reversión de la transición democrática se ha convertido en un eje central del debate público en México; en especial, frente a los cambios constitucionales y legales que han transformado el sistema político en los últimos años.
Dicho concepto permite analizar cómo el país está redefiniendo sus mecanismos de control institucional, su equilibrio de poderes y el papel de la ciudadanía en la vida democrática.
Los procesos de reforma del sistema jurídico han sido constantes y responden a dos fines: actualizar el marco normativo ante cambios sociales acelerados (lo que vuelve al derecho reactivo) y modificar las relaciones públicas y privadas mediante normas prescriptivas que generan nuevas pautas de convivencia. Bajo esta lógica, cada reforma constitucional tiene implicaciones profundas en la vida pública y en la configuración del poder.
Durante el siglo XX persistió un presidencialismo exacerbado sustentado en la figura presidencial y en un partido hegemónico que centralizó decisiones y limitó libertades ciudadanas. A finales de ese siglo, con el viraje hacia un modelo económico liberal, el sistema constitucional también se transformó.
Entre 1990 y 2018 el país vivió la transición democrática, caracterizada por la creación de organismos constitucionales autónomos destinados a ciudadanizar funciones antes reservadas al Ejecutivo, fortalecer la rendición de cuentas, ampliar la transparencia y favorecer el acceso al poder en condiciones más equitativas. La reforma de 2011 en derechos humanos reforzó la idea de situar a la persona como eje del sistema jurídico.
Reversión de la transición democrática, reformas con un nuevo sentido institucional
Las reformas constitucionales y legales aprobadas entre 2019 y 2025 presentan una mezcla compleja: por un lado, amplían derechos económicos, sociales y culturales (como la pensión universal, la equiparación de los pueblos afromexicanos con los pueblos originarios, la paridad de género y la ampliación de ciertas garantías colectivas); por otro, incluyen modificaciones que sugieren un giro centralizador de poder en el Ejecutivo Federal.
En conjunto, estas reformas permiten plantear como hipótesis la reversión de la transición democrática, entendida como la reconstrucción de facultades concentradas en el Poder Ejecutivo y la disminución de los contrapesos ciudadanos y técnicos.
Desaparición de contrapesos técnicos y vuelta al mando presidencial
El primer bloque de reformas incluye el desmantelamiento de los organismos constitucionales autónomos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; la Comisión Federal de Competencia Económica, y otros órganos especializados desaparecen, y sus funciones se trasladan de nuevo a la Presidencia de la República. Esto rompe con el modelo de tecnificación e independencia parcial construido durante la transición democrática.
Las justificaciones oficiales han girado en torno a la austeridad, presuntos actos de corrupción y cuestionamientos sobre su efectividad; sin embargo, el efecto institucional es claro:menos autonomía, menos vigilancia ciudadana y más centralización.
El reforzamiento del poder punitivo del Estado
El segundo bloque reúne reformas que fortalecen el poder coercitivo estatal. La ampliación de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa (en tensión con estándares internacionales) y el aumento de facultades en materia de extinción de dominio reducen las garantías individuales y expanden la discrecionalidad estatal.
Estas medidas modifican la relación entre ciudadanía y Estado, colocando a las personas en una posición de mayor vulnerabilidad frente al poder penal.
Militarización y debilitamiento de policías locales
El tercer eje aparece con la creación y consolidación de la Guardia Nacional, cuya adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional formalizó su carácter militar. Además de debilitar a las policías locales y municipales, difumina los límites entre seguridad pública, seguridad nacional, defensa externa y seguridad interior.
Es decir, concentra bajo un solo mando funciones tradicionalmente diferenciadas, lo cual es otro signo de recentralización del poder estatal.
Reforma judicial y electoral: profesionalismo sustituido por lógica política
Un cuarto grupo de reformas apunta a la transformación del Poder Judicial. La eliminación de un modelo profesionalizado y la instauración de nuevos mecanismos con énfasis político reducen la independencia judicial.
A ello se suma la reforma electoral que reconfigura al Instituto Nacional Electoral y elimina espacios de representación de minorías, como las diputaciones plurinominales, favoreciendo la consolidación de una sola fuerza partidista en el Congreso.
Entre la dispersión del poder y un nuevo hiperpresidencialismo
En conjunto, la numeralia y el sentido de las reformas de los últimos años sugieren un tránsito claro: de la dispersión democrática del poder por medio de órganos autónomos hacia un hiperpresidencialismo sin contrapesos efectivos.
Lejos de tratarse de una discusión únicamente jurídica, esta tendencia afecta la vida cotidiana, los derechos, la seguridad y las oportunidades de participación de la ciudadanía.
Estas transformaciones interpelan de manera directa a quienes estudian Derecho; Ciencias Políticas; Administración Pública, y áreas afines. Comprenderlas es clave para interpretar el presente institucional de México y anticipar sus próximos retos.
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