La prevención de lavado de dinero en México ha cobrado un nuevo impulso con las reformas publicadas en julio de 2025, que fortalecen el marco legal vigente y responden a un entorno cada vez más exigente. Esta actualización busca frenar delitos financieros y elevar los estándares de transparencia, cumplimiento y cooperación institucional del país.
El lavado de dinero representa una de las amenazas más serias para la estabilidad financiera, la seguridad nacional y la confianza pública. En respuesta, México elaboró un marco legal que en 2025 se reforzó con modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida, también, como Ley Antilavado.
Prevención de lavado de dinero, concepto y relevancia
La prevención de lavado de dinero comienza por entender el delito. Se trata del proceso mediante el cual se oculta el origen ilícito de recursos financieros, insertándolos en la economía formal para que parezcan legales. Este procedimiento permite a organizaciones delictivas financiar actividades ilegales, adquirir bienes o servicios y operar con aparente legitimidad.
Las fuentes de estos recursos incluyen actividades como el narcotráfico, la corrupción, el fraude fiscal y otros delitos económicos. Su magnitud lo convierte en una amenaza global, y su combate es una prioridad para organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Evolución del marco legal mexicano
Desde 2012, México cuenta con la LFPIORPI, que establece obligaciones específicas para quienes realizan actividades consideradas vulnerables. Entre estas se incluyen la compraventa de bienes inmuebles, vehículos, joyería; servicios de blindaje, y juegos de azar.
Los sujetos obligados (personas físicas o morales que realizan estas actividades) deben identificar a sus clientes, conservar documentación, presentar avisos ante la autoridad y contar con mecanismos de control interno. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas y, en algunos casos, en consecuencias penales.
Reforma de 2025, cambios principales
En julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma relevante a la LFPIORPI y al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Esta reforma responde al uso cada vez más sofisticado de estructuras tecnológicas y legales para encubrir recursos ilícitos. Entre los principales cambios destacan:
- Cooperación institucional fortalecida: Se establecen canales de colaboración entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Fiscalía General de la República; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la Guardia Nacional, y organismos internacionales.
- Sanciones más severas: Se amplían las penas para quienes participen en operaciones ilícitas, incluyendo prestanombres y colaboradores. Además, la SHCP adquiere la facultad de actuar como víctima u ofendida, permitiéndole presentar denuncias directamente ante el Ministerio Público.
- Redefinición de conceptos clave: De manera formal, se introduce el concepto beneficiario controlador, equiparado al propietario real. Ahora, las empresas están obligadas a identificar y registrar a quienes ejercen control efectivo sobre ellas.
Actividades vulnerables y obligaciones de los sujetos obligados
Las actividades vulnerables están descritas en el artículo 17 de la LFPIORPI y son supervisadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.
Los sujetos obligados deben:
- Registrarse ante el SAT.
- Presentar avisos mensuales (incluidos reportes en ceros).
- Conservar documentación por, mínimo, cinco años.
- Atender requerimientos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en investigaciones formales, multas e incluso procesos penales.
Retos y perspectivas
A pesar de los avances normativos, México enfrenta retos significativos. Entre ellos:
- La creciente sofisticación de las redes criminales.
- El uso de activos virtuales para dificultar la trazabilidad de operaciones.
- La falta de cultura de cumplimiento en algunos sectores empresariales.
La reforma de 2025 busca cerrar estas brechas y avanzar hacia un sistema financiero más seguro y transparente. Su éxito dependerá de lo siguiente:
- La capacitación continua de quienes operan dentro del sistema financiero.
- La coordinación efectiva entre autoridades y actores privados.
- La voluntad política y empresarial para implementar medidas reales, más allá del cumplimiento formal.
Dichos cambios colocan a México en mayor sintonía con las recomendaciones del GAFI 2023, fortaleciendo su posición internacional y su capacidad de atraer inversión ética y responsable.
La prevención de lavado de dinero y la formación universitaria
En la Universidad Intercontinental entendemos que el fortalecimiento del marco legal en 2025 representa una oportunidad educativa clave.
Formar profesionales en contaduría, finanzas y administración con una visión ética, crítica y técnica sobre la prevención del lavado de dinero es esencial para construir un país más justo, competitivo y seguro.
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